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El senador Óscar Barreto es ponente del Proyecto de Ley que determina el funcionamiento y competencias de la jurisdicción Agraria

La implementación de la Jurisdicción Agraria representará un gasto fiscal anual de aproximadamente $136.000 millones de pesos, destinados al funcionamiento del tribunal especial según el número de juzgados conformados.

Durante su visita a la comunidad Nasa We'sh en Planadas, el senador Óscar Barreto mencionó que es uno de los ponentes del proyecto "Por medio de la cual se determina el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

"En este momento en el Congreso de la República, está siendo tramitado el Proyecto de Ley Estatutaria que busca la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, y a pesar de que tengo profundas discrepancias con el gobierno del presidente Petro, hace una semana firmé la ponencia positiva de esta iniciativa porque conozco el territorio y sé la importancia del proyecto de la Jurisdicción Agraria", afirmó el congresista.

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El congresista Conservador afirmó que uno de los motivos principales para apoyar dicho proyecto de ley es porque a su parecer no es correcto que los campesinos y las comunidades indígenas tengan que luchar tanto para que se les entregue el título de sus terrenos. "Yo creo que es urgente que la Jurisdicción Agraria pueda avanzar y por eso la estamos acompañando", dijo el senador Óscar Barreto.

De ser aprobado este proyecto de ley, se pretende garantizar las herramientas jurídicas para dirimir los conflictos por la tenencia de la tierra, que por décadas han agudizado la violencia en el territorio nacional. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en primer debate en Comisión Primera del Senado. Es importante recordar que la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, por lo que en este periodo legislativo se discute la ley estatutaria que definirá los procesos especiales que asumirá la Jurisdicción Agraria y Rural con el fin de responder a las necesidades del campesinado colombiano.

 

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