Insumos y seguridad alimentaria: seguridad nacional

No es posible que los intermediarios se aprovechen de los productores rurales o campesinos, a partir de la especulación en los precios de los insumos

Por: Oscar Barreto Quiroga

 

 

A pesar del aumento del salario mínimo, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar está cobrando esos pesitos de más a las familias; los colombianos de estratos 1, 2 y 3, así como la clase media, han reducido la compra de alimentos como carne, pollo y hortalizas, mientras también ha disminuido la compra de artículos de vestir, electrodomésticos y servicios educativos en su máxima expresión, algo similar a los que pasaba en las economías de mercado europeas en la década del 60.

Mi preocupación aumenta al dialogar con productores y empresarios del campo y escuchar que los fertilizantes, fungicidas, herbicidas y coadyuvantes de la producción presentan aumentos insostenibles, que afectan la productividad y competitividad en el campo. Por fortuna para los caficultores, la carga de café supera los dos millones de pesos, lo que permite amortiguar la compra de insumos caros mientas la bonanza, sin embargo, una vez se normalice la situación cafetera en Brasil, el precio de la carga podría llegar a precios estándar, de allí que se hace urgente entrar a revisar la relación que existe entre la política minero energética del país, respecto de la utilización de productos minerales y petróleo, con sus derivados en la producción de insumos agrícolas químicos. Colombia no posee grandes yacimientos petroleros o gasíferos como para decir que vamos a garantizar grandes producciones de insumos agrícolas o sus complementos, pero es acá donde debemos ser creativos y diversificar las opciones para bajar los precios. 38 millones de colombianos (el 80% de la población) utilizan gas para cocinar. Las reservas petroleras y gasíferas se agotan, el problema de seguridad no solo radica en la producción de alimentos, también comprende la utilización de energías.

Propongo con urgencia la creación de un sistema de seguridad alimentaria, desde la base de la cadena, el cual consiste en hacer reformas al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la política agraria de base tecnológica, para que se puedan desarrollar proyectos mixtos que permitan utilizar productos derivados del petróleo y otras fuentes minerales existentes en el país en alianza con procesos científicos para la producción de insumos orgánicos a partir de desarrollos de biotecnología e intervenciones agro-ecológicas en procesos nutricionales ajustados a las necesidad del suelo (agricultura de precisión). Esta estrategia se materializará a partir de la localización de plantas de producción de insumos y otros compuestos agrícolas o pecuarios, en las regiones productoras, especialmente en departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Risaralda, Nariño, Cundinamarca y Boyacá, donde además de desarrollar proyectos de inversión que permitirán generar empleos directos e indirectos, se podrán disminuir los costos de producción de manera significativa beneficiando de manera directa a los campesinos.

El llamado al ministerio de agricultura deberá ser contundente a la hora de revisar los resultados de la Ley 81 de 1988 y la Resolución 071 del 28 de marzo de 2020, respecto de los niveles de intervención en los precios los productos, por parte de las autoridades del gobierno en aspectos de control directo, régimen de libertad regulada y régimen de libertad vigilada. No es posible que los intermediarios se aprovechen de los productores rurales o campesinos, a partir de la especulación en los precios de los insumos. La seguridad y soberanía alimentaria hacen parte de la seguridad nacional, este es un principio constitucional para garantizar los derechos fundamentales a los colombianos que vamos a defender y a promover.