Ricardo Cadavid hace una reflexión sobre el proyecto de reforma política que cursa en el Congreso.
por Ricardo Cadavid
Se discute en el Congreso de la República un proyecto de reforma política que parece una aberrante mutación del averno, promueve el transfuguismo político y diluye la utópica separación de poderes. Me referiré en esta columna a la polémica propuesta de acabar con el voto preferente e instaurar las listas cerradas. Analicemos algunos de los simpáticos argumentos esgrimidos por los proponentes.
Como en la lista cerrada deben intercalarse hombres y mujeres, los defensores de esta iniciativa aseguran que se defiende la paridad de género, y eso es muy obvio; lo que no resulta tan obvio es creer que la participación por género implique un verdadero ejercicio de liderazgo. Acceder a una dignidad pública en virtud de intercalar úteros y gónadas en una lista, poco o nada tiene que ver con el buen gobierno. El liderazgo no se basa en la cantidad de estrógenos o de testosterona que expele un candidato y mucho menos en la posición que ocupe en una lista.
Otro argumento es que las listas cerradas ayudan a combatir el clientelismo y la compra de votos, lo que es una afirmación extraña que, de facto, propone convivir con una práctica ilegal, pues supondría que, en una lista de 20 integrantes, al eliminar el voto preferente, solo comprarían votos los tres primeros que tienen chance de llegar y los otros 17 se irían de vacaciones. Es como proponer disminuir el crimen poniendo un pico y placa que solo permita robar en días impares.
Un tercer argumento es que las listas cerradas facilitan el control del financiamiento de las campañas. Estamos de acuerdo; yo también pienso que es mejor lavar un carro que tener que lavar 100, pero no creo que sea un argumento político sino un llamado a la ley del menor esfuerzo. Obvio que sería mejor controlar los gastos de una sola lista que la de 20 candidatos, pero con esa lógica es mejor hacer un colegio que ponerse a hacer 10, que pereza; para qué nos esforzamos tanto. Ese argumento, en plena era del conocimiento y la informática, con los ecosistemas digitales modernos y avanzados sistemas de información, hace pensar que la autoridad electoral todavía controla los gastos con ábacos y calculadoras manuales: ¿A dónde van a parar los recursos del “Gobierno en Línea”?