Durante la campaña de 2022 y ahora en nuestro amplio recorrido por todos los municipios del Tolima y en algunos de otros departamentos, nos encontramos con la constante queja del regreso de la extorsión, la amenaza, el secuestro y la muerte. Hemos regresado a las épocas donde el temor imperaba en vastas regiones, los ciudadanos se sienten amedrentados y temerosos, en voz baja o en público manifiestan esa preocupación.
Nuestros campesinos, los que producen la tierra, están no solo atemorizados sino desanimados de seguir trabajando, las amenazas y extorsión se tomaron el territorio de nuevo, muchos manifiestan que se irán huyendo una vez más de la violencia. La fuerza pública desanimada hace lo que puede sin el liderazgo y el ánimo que necesitan en esa lucha contra los grupos irregulares que crecen y crecen desplazándose sin encontrar oposición a su expansión.
La seguridad como valor de la democracia para garantizar las libertades individuales y colectivas está siendo afectada y herida de gravedad, las economías ilegales, basadas en explotación minera, juegos, tráfico de drogas se suman a los delitos tradicionales y violentos cometidos por los delincuentes emergentes en estos nuevos fenómenos sociales.
Bajo las actuales circunstancias, por eso tan peligroso los mensajes de legalización de los ilegales y sus prácticas, peor legalizar sus negocios y utilidades, al contrario de producir paz o tranquilidad, están generando miedo y zozobra. He pedido varias veces desde estos espacios y los que me concedió la democracia y la seguridad, se restablezca el orden y se ejerza autoridad.
La seguridad no puede ponerse en riesgo, directamente se afectan las libertades, sagrado derecho de los ciudadanos. Estamos alertas, confiando en el ejercicio de gobernadores y alcaldes, en medio de tanta incertidumbre, que sean ellos los líderes que operen enérgicamente el cuidado de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.