Por: Giovanny Eduardo Molina Correcha
Las recientes tragedias de maltrato infantil evidencian que el Estado colombiano se ha quedado totalmente corto en el reto de proteger a nuestros niños. Se suceden todos los días, como las que hemos visto recientemente, que evidencian permisividad e indiferencia estatal, como si realmente en el Estado existiera una visión en la que se privilegian los derechos de los violadores.
No es sino recordar los recientes intentos de defensores de los niños desde el Congreso de la República. La senadora Gilma Jiménez, ya fallecida, buscó un referendo que modificara la Constitución Política para obtener prisión perpetua para los agresores, pero el proyecto se hundió en la Cámara de Representantes. Y luego, nuestra actual Gobernadora y en aquel entonces Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz, con su habitual valentía, lideró como ponente la reforma constitucional, vía acto legislativo, con el mismo propósito de la cadena perpetua para esos desadaptados, pero absurda e incomprensiblemente el acto legislativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, bajo el argumento vergonzoso de los derechos de los agresores.
Es una complicidad del Estado que parece ser un círculo vicioso, porque con preocupación observamos reiteradas iniciativas legislativas, o posiciones de los jueces, en las que se sostienen ese tipo de argumentos absurdos, como si vivir en una democracia tuviera que implicar darle más gabelas y más beneficios a los violadores y maltratadores de niños.
Es una problemática no sólo nacional sino también de nivel local, y son alarmantes cifras como las del reciente informe periodístico de la revista Semana, conforme al cual, de los 1.103 municipios del país, hay defensores de familia en sólo 160 de ellos, y solamente 1.292 defensorías disponibles en el territorio nacional. De ellas, solo 79 están especializadas en atención en violencia sexual, 542 atienden todas las vulneraciones, y 641 atienden vulneraciones y otros asuntos. Todo ello, frente a las altas cifras de delitos y maltrato contra menores de edad, 13.294 delitos sexuales, 376 homicidios y al menos 142 reclutamientos entre 2023 y 2024.
Son estadísticas concluyentes de que la ruta de atención a nivel local viene fallando de varias maneras. Debilidades con ejemplos tan aberrantes como el de Darwin Beltrán, que asesinó a sus propios hijos de 4 y 7 años, a pesar de que el padre homicida ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, o el de Eilen en el municipio de Roncesvalles, desparecida hace 6 meses y de quien se investiga si un cráneo recientemente encontrado le corresponde, o todos los que a diario informan los medios de comunicación.
Nuestra convicción es que más allá de los discursos, nos corresponde actuar. Una parte de la solución deben ser las Comisarías de Familia, diferentes de las Defensorías de Familia porque no dependen del ICBF ni en consecuencia del gobierno nacional, sino que dependen de los gobiernos locales, y que cuentan dentro de sus funciones, la de recibir las denuncias de violencia intrafamiliar, y prevenirla a través de la imposición de medidas de protección a la mujer y la niñez, que la ley les atribuye como competencia.
Por eso, junto a la Gobernadora del Tolima, hemos trabajado sobre un proyecto de ordenanza que tenemos listo, y que radicaremos ante la Asamblea Departamental en este último mes de sesiones ordinarias del 2024, mediante el cual se crea la "estampilla para la justicia familiar".
La estampilla busca destinar el 2% del recaudo de los contratos otorgados por la Gobernación del Tolima -con excepción de las OPS menores a 10 salarios mínimos para no afectar al contratista pequeño-, con el fin de fortalecer los equipos de las Comisarías de Familia, de manera que tengan un equipo de profesionales adecuado, de psicólogo, trabajador social y médico, y que supere la deplorable situación de estos organismos en los que el Comisario de Familia, abogado, actualmente tiene que desempeñar los roles de todos esos profesionales.
Los recursos de esta estampilla serán nuestro aporte real y concreto, desde mi curul en la Asamblea Departamental del Tolima, para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, haciendo de las 50 Comisarías de Familia del departamento del Tolima, lo que deben ser.