Por: Giovanny Eduardo Molina Correcha
En Colombia, y especialmente en el departamento del Tolima, vivimos en una sociedad que se precia de ser incluyente, justa y moderna, pero que en realidad, todavía excluye a miles de personas con discapacidad.
En el Tolima particularmente, todavía tenemos cifras que prenden las alarmas: según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE, en el departamento viven más de 96,000 personas con algún tipo de discapacidad, lo cual representa alrededor del 6.5% de la población total. Son casi cien mil tolimenses que enfrentan no solo los desafíos propios de su condición, sino también la exclusión que el sistema y la sociedad les imponen a diario.
Aunque en los últimos años se ha hablado mucho sobre accesibilidad, la implementación de políticas públicas que protejan los derechos de estas personas también sigue siendo insuficiente. En nuestro Departamento, menos del 30% de las personas con discapacidad acceden a los servicios de rehabilitación y asistencia necesarios.
Y en cuanto a inclusión, los índices en materia social y productiva muestran que solo el 38,4% de esta población accede simultáneamente a oportunidades en ambas áreas, cifra menor al promedio nacional, y un 28% experimenta exclusión social y económica en simultáneo.
Esta realidad siempre ha sido motivo de la mayor preocupación para nosotros, y por eso, a lo largo de todo mi servicio comunitario, no solo en la Asamblea Departamental del Tolima sino desde los mismos inicios de mi vida pública, he enfocado mi gestión en tratar de mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad, entre otros grupos vulnerables.
Dentro de nuestros logros, ayudamos a sacar adelante la iniciativa en la Suma departamental, en el pasado período constitucional, para que el certificado de discapacidad se pudiera obtener en muchos más hospitales del Departamento, ampliando el número de entidades que pudieran otorgar este tipo de certificación, de manera que las personas con discapacidad, en las zonas más alejadas urbanas y rurales, pudieran acceder con facilidad a este documento legalmente necesario para acceder a gran cantidad de servicios y beneficios estatales.
También, podemos resaltar con orgullo, la creación de un banco de ayudas con el que hemos distribuido insumos entre los que se cuentan, a la fecha, al menos 50 sillas de ruedas, 200 caminadores, 40 bastones y 30 pares de muletas, lo cual ha facilitado la movilidad y mejorado la calidad de vida de muchos tolimenses en condición de discapacidad, especialmente en zonas rurales donde el acceso a este tipo de recursos es limitado.
Además, nuestra labor también ha incluido la de promover programas para la educación, como la entrega de tablets a estudiantes rurales durante la pandemia, y ha apoyado programas de educación técnica y profesional, virtual y a distancia, para madres y mujeres cuidadoras , pues no podemos olvidar que las dimensiones del fenómeno van más allá de la propia persona con discapacidad, y alcanza a todo su entorno, particularmente a las personas cuidadoras que en un acto de amor y entrega renuncian a sus vidas para dedicarse a cuidar al ser querido en condición de discapacidad.
Por esa razón, celebramos los avances que en materia legal se han presentado con la expedición de la ley 1996 de 2019, la cual le reconoce a las personas con discapacidad plena capacidad y autonomía para tomar decisiones de tipo legal en sus vidas. En el siglo XX, lo que imperaba era un régimen de interdicción que anulaba completamente la facultad de decisión de la persona, destinándola al rincón del olvido en lo que bien dio en llamarse una especie de muerte civil, y en la que el curador del interdicto era virtual amo y señor.
Por el contrario, esta ley de 2019 reconoce que las personas con discapacidad son plenamente autónomas para tomar las decisiones sobre sus propias vidas, y establece un sistema de apoyos basado en que jamás se debe anular dicha autonomía, pues la persona de apoyo debe actuar como un simple respaldo y la persona con discapacidad siempre tiene el derecho de tomar sus propias decisiones en materia personal y legal.
También en ese orden celebramos los avances que la academia tolimense pueda aportar en esta materia, por lo que queremos desde esta esquina de la opinión pública realizar un saludo especial al reconocido abogado Germán Darío Rodríguez Páez, que recientemente ha entregado para publicación un libro sobre el régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad en Colombia, con base en la mencionada la Ley 1996. Esperamos que este tipo de aportes académicos y profesionales sirvan para avanzar en lo que nos interesa, que es mejorar las condiciones de la vida de esta población.
Seguiremos atentos a enarbolar cualquier tipo de iniciativa que sea oportuna para defender y reivindicar los derechos de los más desfavorecidos en nuestro territorio.