"Desde el corazón mismo de la región tolimense, ha surgido como propuesta nacional una concepción política que no hace más sino rescatar las bases esenciales y la idea básica de lo que es la democracia".
Por: Giovanny Molina Correcha
Este año que comienza es uno de grandes definiciones para Colombia, con un nuevo Presidente de la República y la elección de un nuevo Senado que van a regir los destinos del país en el próximo cuatrienio. La trascendencia del asunto se evidencia con los grandes cambios, y grandes crisis, que en el lapso de los últimos cuatro años se presentaron en nuestro país, y que mostraron como una sociedad se encuentra tan sujeta no solamente a las decisiones, sino también, en el fondo, al carácter y al vigor de aquellos que nos dirigen.
Y aunque vimos con orgullo y satisfacción unos grandes avances en el Departamento del Tolima y en el Municipio de Ibagué, observamos también con preocupación un vacío en el dinamismo propio de la función legislativa y todo lo que ella entraña, al interior del Senado de la República. Sorprende, por ejemplo, las estadísticas divulgadas nacionalmente acerca de un desprestigio generalizado de la institucionalidad, incluido el del órgano legislativo.
Frente a esta situación, es todavía imperioso que nuestra ciudadanía tome conciencia de la importancia del Senado de la República como institución, de su trascendencia para la vida de la Nación, para su vida económica, su vida empresarial, su progreso y su desarrollo. No solamente porque dentro de él se hagan las leyes, lo cual resulta de por sí trascendental, por ser ellas el marco básico de conducta acerca de lo que se puede o no se puede hacer en todos los ámbitos de la vida social, bajo el sagrado criterio de prevalencia del interés general. Se trata, más aún, a mi juicio, de la relevancia vital que el Senado de la República tiene por su función de control político, y, sobre todo, su esencial labor de ser gestor y vocero de los intereses regionales que cada uno de los senadores representa.
Esta trascendencia del Senado de la República, como institución clave del sistema democrático, es hoy día más evidente y coyuntural, considerando el actual debate y diálogo político nacional, que poco a poco se ha ido extremando, con el surgimiento de posiciones ideológicas antagónicas que plantean posiciones y visiones de país completamente disímiles y en no pocas ocasiones opuestas. Frente a un ambiente político excesivamente ideologizado, sin que pueda vaticinarse todavía con claridad cuál será el nuevo Presidente y su orientación ideológica, el nuevo Senado de la República, como veedor de los intereses nacionales y de las acciones del ejecutivo, será el salvador de nuestra Patria, o el testigo mudo de una crisis que se agudiza.
Por eso, observo con satisfacción que, desde el corazón mismo de la región tolimense, ha surgido como propuesta nacional una concepción política que no hace más sino rescatar las bases esenciales y la idea básica de lo que es la democracia y el Estado Social de Derecho, que, aunque consagrado en la Constitución, requiere todavía de tantas acciones para convertirse en realidad concreta y palpable de nuestra sociedad.
Observar al exgobernador Oscar Barreto Quiroga, desde la palestra pública, plantear su política de Seguridad para la Gente, es un rayo de esperanza para el Departamento del Tolima, y para el país como Nación. Seguridad Para la Gente que a mi modo de ver no es otra cosa que concretar la visión del estado social de derecho que más allá de pregonar de manera simplemente formal libertades individuales, se compromete de manera activa, en la modificación de las condiciones sociales y económicas que le permitan a los ciudadanos alcanzar verdaderamente un estado de efectiva satisfacción de sus derechos.
Seguridad, como la ha planteado el exgobernador, entendida de manera integral, que no se limita al reducido ámbito de la seguridad ciudadana, sino que conlleva “…garantizar lo necesario y suficiente, para tener la libertad de vivir en bienestar, paz y prosperidad…”, y que se extiende, como lo afirma el exgobernador, a las demás actividades sociales, económicas, jurídicas, ambientales y políticas, es lo que inspira confianza en toda esta propuesta.
No se trata de un conjunto de ideas vanas, planteadas al calor de una campaña proselitista, sino el producto de un estudio juicioso y ponderado de las realidades sociales y económicas del Departamento del Tolima, respaldadas con una larga trayectoria pública que, como la del exgobernador Barreto Quiroga, se soporta en presupuestos públicos debidamente ejecutados y en planes de desarrollo satisfactoriamente cumplidos en cada una de las dos administraciones departamentales que ha liderado.
Planteamientos como, por ejemplo, el de hacer permanente una política pública de educación universitaria gratuita y de calidad, extendiendo a todo el país lo que ya en el Tolima ha sido implementado durante el actual gobierno departamental, no hacen más que concretar lo que sobre el punto exige nuestra Constitución Política, que consagra la educación como un derecho social y económico de los ciudadanos. Y ni qué decir de la voz valiente del exgobernador que viene levantándose para exigir la eliminación de privilegios en todos los ámbitos sociales, como por ejemplo los concebidos para el sector financiero, para alcanzar la igualdad de condiciones propias de cualquier democracia real.
Por estas razones, en frente de los grandes retos que el Tolima y el país enfrentan este año, es claro que la presencia de hombres como el doctor Barreto en el Senado de la República iluminarán el escenario político nacional, dándole norte y propósito, poniendo sobre la mesa de discusión las verdaderas cosas que le interesan al país y a su gente, y devolviéndole al Senado ese rol de actor fundamental en nuestra democracia.