No se encuentra respuesta lógica a la falta de liderazgo que campea para defender con valentía y en voz alta los intereses de nuestro sector rural y de nuestro sector campesino.
Por Giovanny Molina Correcha
Con nostalgia recuerdo tantas veredas del Departamento del Tolima, la mayoría, a decir verdad, en las que en los años 80 no había luz eléctrica y la claridad se obtenía de lámparas de petróleo o de simples velas que alumbraban la calidez de la noche campesina. Tampoco había en aquella época ni servicios de televisión ni telefonía, y aún hoy, son tantas las vías terciarias que comunican nuestro campo, que están sin pavimentar, que debe reconocerse el largo camino que nos queda todavía por recorrer para lograr vías transitables en el campo tolimense.
Más allá de la evocación, es imposible ignorar el marcado contraste con la situación de lo rural en otros países, en la misma época de los 80, en los que la transitabilidad de las vías o la provisión de servicios públicos básicos ya estaba afianzada y era cosa de cuatro o cinco décadas atrás, para llegar a la sombría conclusión de que el progreso que caracterizó el Siglo XX solamente le llegó al campo colombiano hasta entrados los años noventa, y eso que con solamente algunas, no todas, sus innovaciones.
¿Cuánto lleva nuestro país esperando la agroindustrialización de su atrasado campo? ¿Esperando para su ruralidad las condiciones básicas en materia de servicios públicos, en materia de vías, en materia de tecnificación, que le permitan a los campesinos alcanzar estándares de vida mínimamente dignos?
¿Y dónde ha estado la labor de las instituciones, su participación activa y de liderazgo, para defender los intereses de la ruralidad?; ¿en dónde la labor del Congreso de la República en el marco de sus funciones institucionales, para ser el vocero de los propietarios y los trabajadores campesinos por igual?; ¿acaso no dice nuestra Constitución Política que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, es decir, los de instituciones como el Senado de la República o la Cámara de Representantes, representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común?
Siendo que la función del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara baja, es la de proteger esos intereses nacionales, mediante su labor principal de hacer leyes apropiadas a tales intereses, y también a través de la importantísima función de ejercer control político sobre el poder ejecutivo, comenzando por el Presidente y descendiendo hasta los ministros y demás miembros del gobierno, no se encuentra respuesta lógica a la falta de liderazgo que campea en dicha institución para defender con valentía y en voz alta los intereses de nuestro sector rural y de nuestro sector campesino.
No se entiende, por ejemplo, como no se ha levantado desde el Congreso de la República un ojo atento y curioso para observar, y una voz valiente para exponer y si es del caso denunciar, las políticas de los recientes gobiernos nacionales que han permitido que el país alcance niveles de importación anual de alimentos de 12 millones de toneladas, incluyendo maíz, trigo y azúcar de caña, que son niveles de importación absurdamente altos considerando que Colombia es un país con una producción rica y abundante de alimentos.
Por eso la esperanza que surge para los tolimenses es grande, al presenciar como la voz de Oscar Barreto Quiroga viene alzándose para presentar al Departamento y al país una serie de propuestas que develan una visión integral y profunda de las problemáticas del campo colombiano.
Su última propuesta de un incremento sustancial para el presupuesto de ciencia y tecnología, destinado al sector rural, no es ni mucho menos casualidad, sino el producto de su experiencia de ocho años de gobierno, en la que como gobernador de los tolimenses durante dos períodos constitucionales, logró cambiar la cara de la producción cafetera en el sur del departamento, al promover e incentivar modelos de producción de cafés especiales que involucraban una alta dosis de tecnología e innovación, y que permitieron sacar de la economía de simple subsistencia a muchas familias productoras, de los municipios de Planadas y Rioblanco por ejemplo, para convertirlas en familias orgullosas y prósperas por el éxito de su labor como cafeteros.
Se trata de propuestas que, junto con la que en ocasión anterior hemos comentado, formulada por el exgobernador, acerca de la formalización de la propiedad rural mediante facultades a los alcaldes para titular posesiones debidamente acreditadas, reflejan una verdadera comprensión de la dimensión económica y social del campo colombiano, que por lo demás, se entrelazan con otras problemáticas sociales críticas que el exgobernador viene tocando.
Por ejemplo, las denuncias que viene formulando Barreto Quiroga acerca de los excesivos privilegios tributarios y legales que vienen reconociéndose al sector financiero colombiano, y que con ánimo patriótico me animo a agregar, chocan con un tema vital para el campesino tolimense, cual es el de la calificación crediticia en las centrales de riesgo, en donde el campesino y agricultor son calificados bajo parámetros normales en delicado perjuicio de su acceso al crédito, al desconocer que sus ingresos vienen atados a los periodos de sus cosechas.
En beneficio del campo tolimense y colombiano, que Dios y el pueblo escuchen y sigan con fe a este gran líder del Tolima, y ahora, de la Nación entera.