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Opinión

Ciencia, tecnología e innovación para el campo colombiano

Es una obligación constitucional y legal,  para el Congreso de la República que será elegido el próximo 13 de marzo, responder al clamor del campo y del campesino colombiano.

Por: Giovanny Molina Correcha

 

Referirnos a las inmensas posibilidades de este país ineludiblemente apunta nuestra observación al sector rural y al agro, que desde siempre ha sido fundamental para el eficaz desenvolvimiento económico de cualquier sociedad. Lamentablemente, existe una deuda histórica de la sociedad y del Estado colombiano, que no reconocen que dependen en forma vital de su población campesina, convidada de piedra de nuestro desarrollo económico y desconocida en su rol de productor esencial de riqueza nacional, aún cuando no participen de ella.

Dicha deuda no puede ser saldada si no es con el compromiso fundamental del Estado, a título de política pública, con una perspectiva completa y comprensiva, de amplio espectro y de larga duración, que se extienda a lo largo de distintos gobiernos, donde la producción y la competitividad formen un núcleo indisoluble con las condiciones de vida dignas de los campesinos.

Sin lugar a dudas, la visión del Estado colombiano estuvo parcializada históricamente a lo largo del siglo XX, en favor del desarrollo industrial en la ciudades, aumentando la creciente franja de desigualdades con los pobladores rurales. En ese orden, cerrar esos espacios es por supuesto un factor decisivo, entre otros temas medulares, para la estructuración de una verdadera paz estable y duradera, que a mi juicio debe gravitar sobre estos planteamientos centrales:

En primer lugar, la ineludible necesidad de estimular una perspectiva participativa de los territorios, donde los campesinos sean protagonistas de su exclusivo progreso social y económico.

En segundo, la superación del espíritu simplemente asistencialista del Estado, para entender al campesino como el propio hacedor de su propio progreso económico.

Por último, el requerimiento sustancial de las sociedades actuales para que el desarrollo rural se de en un marco ambiental, que es lo que en últimas garantizará un suministro sostenible de bienes públicos de carácter rural a la economía.

Bajo estos criterios centrales, es indiscutible el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como necesario identificar las dificultades concretas que impiden la continuidad y el avance de las mismas en nuestro sector agrario.

Pues bien, siguiendo los grandes documentos de política pública, encontramos que existe todavía una sostenida ausencia de capital tanto humano como financiero, junto a falta de procesos de planeación y evaluación efectivos.

Como lo manifestó en su momento Corpoica, actualmente Agrosavia, es evidente la escasez de capital financiero destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación. Conforme a indicadores estas entidades, los últimos años caracterizaron al país con una media de inversión pública del 0.5% del producto interno bruto correspondiente a inversión en ciencia, tecnología e innovación, tratándose de un nivel supremamente bajo en comparación con naciones latinoamericanas como Uruguay (2,0%), Argentina (1,3%) o Chile (1,2%).

En este contexto, la financiación de carácter público para la ciencia y la tecnología rural, proviene del Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, de Colciencias, de los fondos parafiscales, y del fondo de ciencia tecnología e innovación del sistema general de regalías, y conforme a estadísticas del Departamento Nacional de Planeación, en la última década estas instituciones han contribuido respectivamente el 40,7%, el 38%, el 6%, y 9,4% de su gasto total.

En lo que respecta a la inversión completa en escenarios de ciencia, tecnología innovación para el campo, el Observatorio de Ciencia y Tecnología ha encontrado que los recursos de naturaleza pública correspondieron en la última década al 58% del total de la inversión.

Por lo demás, particular atención debe prestarse en este aspecto a los fondos parafiscales sectoriales, muchos de los cuales por autorización legal tienen la posibilidad de destinar sus recursos financieros a actividades de investigación y asistencia técnica, en provecho de los productores agropecuarios; y según datos oficiales, en la última década, sin incluir al Fondo Nacional del Café, tales fondos tuvieron un crecimiento de 8.6% anual con recaudo que superaba los 2,1 billones de pesos. ¿cuántos de esos recursos tienen una destinación a temas de ciencia, tecnología e innovación rural?

Es una obligación constitucional y legal, y más aún, un claro deber moral, para el Congreso de la República que será elegido el próximo 13 de marzo , responder al clamor del campo y del campesino colombiano, dirigiendo la acción del Estado para que este fije su atención, con compromiso real y una vez por todas, en el desarrollo y progreso rural del país.

Y considerando las facultades constitucionales que le asisten en la aprobación del presupuesto general de la nación, resultan supremamente oportunas las propuestas que hace mucho ya viene formulando Oscar Barreto Quiroga, en torno a la necesidad de incrementar los recursos dirigidos al sector agrario, particularmente a la ciencia la tecnología innovación rural. Tenemos la firme convicción de que el doctor Barreto Quiroga honrará su palabra, desde el Senado de la República, tanto en esta, así como en las demás banderas de su campaña.