Si la gente estuviera consciente de la trascendencia de su propio voto a la hora de escoger gobernantes, saldría en masa a manifestar su opinión, y con seguridad, el rumbo del país sí que cambiaría
Por: Giovanny Molina Correcha
Es incuestionable que, en una democracia, la educación es el único proceso que puede hacer a la gente consciente de sus derechos, condición necesaria para que luego pueda reclamarlos ante las autoridades públicas, de manera que los ciudadanos puedan defenderse de todos los factores de manipulación y tomar decisiones informadas acerca de sus propias vidas y los destinos de su sociedad.
Por el contrario, la ausencia de educación en los ciudadanos resulta determinante para la deformación de los sistemas democráticos, en cuanto que los hace vulnerables a los poderes e intereses particulares, ante los cuales la sociedad y sus miembros se encuentran indefensos si carecen de la capacitación necesaria para exigir en voz alta la prevalencia del interés general, como teóricamente lo manda nuestra Constitución Política.
Un simple síntoma, por ejemplo, de las profundas deficiencias que genera la falta de educación en una democracia como la colombiana, es el abstencionismo; si la gente estuviera consciente de la trascendencia de su propio voto a la hora de escoger gobernantes, saldría en masa a manifestar su opinión, y con seguridad, el rumbo del país sí que cambiaría, ante gobiernos sólidamente legitimados por la voz de una verdadera mayoría. Por el contrario, el hecho de que las cifras de abstención sean tan altas históricamente para las elecciones en nuestra Nación, fractura nuestro proceso democrático, y revela la escasa falta de cultura política en nuestros ciudadanos, que ignoran y desconocen la importancia que tiene su voz y voto, como derecho político básico en nuestra comunidad.
¿Dónde ha quedado el Estado colombiano, para el reconocimiento de la educación como derecho básico en una democracia? Históricamente, pareciera que el Estado colombiano y nuestras élites han estado interesadas en reconocerlo a medias, tal vez conscientes precisamente de la relevancia e importancia que para una revolución social y económica, pacífica e institucionalizada eso sí, tendría el hecho de que el ciudadano común se educara para ejercer efectivamente sus derechos.
Con tristeza vemos, para entender el grado de compromiso de algunos gobernantes en la educación de su pueblo, no hay sino que darle una mirada a los 70.000 millones que se perdieron en el contrato de las TIC el año pasado en el gobierno nacional, y que dejó a millones de niños colombianos sin internet, que es la herramienta tecnológica fundamental para la educación de la niñez y la infancia en el mundo moderno.
Por eso, quedamos profundamente conmovidos, y solo nos quedan elogios, ante el conmovedor intento que han realizado los recientes gobiernos departamentales en el Tolima, para impulsar la educación en su departamento, superando con hechos y resultados concretos la voluntad política de la dirigencia nacional, a la que simple y llanamente, los dos últimos gobernadores del Tolima se han encargado de dar un ejemplo aleccionador.
Ambos gobiernos, el de Oscar Barreto Quiroga y el de Ricardo Orozco Valero, se la han jugado por la educación. En el año 2015, la Universidad del Tolima sufría un déficit presupuestal de más de 25.000 millones de pesos, devorada por la politiquería y la burocratización, y sin embargo, como producto de una férrea voluntad de poder basada en una profunda conciencia social, el gobierno de Oscar Barreto Quiroga aumentó las transferencias de la Gobernación del Tolima a dicha Universidad, y más aún, lideró la celebración de convenios de ciencia, tecnología e innovación, en el marco de una estrategia integral y que se constituye en modelo de planeación gerencial, que tuvo como resultado la recuperación financiera de la Universidad.
Fue esa luz de esperanza la que abrió el camino para nuevos logros; consciente de la apremiante situación económica de los estudiantes, el gobierno de Barreto Quiroga diseñó e implementó un programa de acceso a la educación superior no solo para estudiantes de universidades públicas, sino igualmente de las privadas de la región (CUN, Universidad Cooperativa, Unibagué, Uniminuto), lo que favorecía no solamente a los estudiantes beneficiarios, sino a las propias instituciones, cuyas fuentes de ingreso son precisamente las matrículas estudiantiles.
Es difícil exagerar la importancia de semejante esfuerzo que impulsó instituciones y que cambió vidas, porque el programa de becas se extendía no solamente a jóvenes de la ciudad de Ibagué, sino más aún, a jóvenes de todos los municipios del Departamento del Tolima, sumidos en una brecha de desigualdad ante las dificultades de estudiar en un lugar distinto del de origen.
Como si fuera poco, en claro ejercicio de visión política y social ante la crisis económica ocasionada por la pandemia, y mucho antes de que las marchas estudiantiles del 2021 empujaran al país a cuestionarse sobre los derechos de sus jóvenes, ya el gobierno de Ricardo Orozco Valero había tomado y ejecutado la decisión de garantizar la gratuidad educativa, para varios semestres académicos, para los estudiantes de la Universidad del Tolima, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP y el Conservatorio del Tolima.
Y hoy, con orgullo de patria y de región, observamos cómo el actual gobernador, Orozco Valero, ha logrado concretar el titánico esfuerzo de 100.000 cupos gratuitos de educación superior en el Plan de Desarrollo Departamental, mediante la aprobación de la ordenanza correspondiente en la Asamblea Departamental, a la cual me honro de pertenecer en este momento glorioso para la juventud del Tolima y para la democracia nacional.
Todos estos esfuerzos articulados de esos dos gobernantes, producto de una visión política de creatividad y emprendimiento, revelan un espíritu social y humano que no tiene parangón en la historia reciente y lejana de nuestro Departamento, donde el ejercicio del poder ha sido tradicionalmente para beneficio propio. Educar a nuestro pueblo es un atrevido salto al vacío, que nunca antes ningún gobierno departamental había dado, cuyos resultados de progreso y desarrollo son difíciles de medir en sus amplios alcances.
Por eso vemos con profunda esperanza la posición que como Senador de la República ocupará Oscar Barreto Quiroga a partir del 20 de julio de 2022 que no contento con darle esperanza a nuestros niños y jóvenes con lo que ya ha logrado, busca lograr que esa política pública departamental, se vuelva una política pública nacional de gratuidad para el acceso a educación superior, enriquecida, quien lo creyera, con recursos para que la alimentación de esos jóvenes universitarios sea también gratuita. Que Dios lo acompañe en su propósito.