Lamentamos con profundo dolor esta decisión de cinco magistrados de la corte constitucional, que solamente contribuye a aumentar la crisis moral de la Nación, y a fracturar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas
Por: Giovanny Molina Correcha
En días pasados la Corte Constitucional colombiana emitió una nueva sentencia en la que despenaliza de manera total el aborto en bebés de hasta 6 meses de concepción, modificando una posición que había fijado 18 años atrás, en la cual esta despenalización se restringía a tres eventos básicos consistentes en la malformación del feto, el peligro para la vida de la madre, o la concepción producto de una agresión sexual.
El aborto y la prohibición o la permisibilidad del mismo, es un tema que siempre ha tocado lo profundo de las sociedades y las conciencias de cada individuo en comunidad, cuestionando elementos éticos, morales, culturales y religiosos que superan con creces la simple valoración legal o jurídica del tema.
Lo cierto es que a la mayoría de los colombianos nos ha repugnado la decisión de la Corte, manoseando nuestras fibras más íntimas, porque es claro, sin que nadie necesite formación médica para entenderlo, que una criatura de seis meses de concepción es un verdadero ser humano con funciones vitales que, como tal, tiene el derecho básico a vivir.
Por eso, esta decisión de la Corte me hace reflexionar sobre la profunda paradoja en la que se encuentra la sociedad colombiana y su sistema jurídico, porque con independencia de análisis filosóficos profundos típicos de académicos, no podemos dejar de tener la sensación de estar viajando en un camino tenebroso de nuestra vida comunitaria, en la que los derechos exclusivamente individuales se están volviendo prevalentes, excluyendo y amordazando el interés general propio de cualquier democracia. Emitiendo fallos judiciales para la muerte en vez de legislar para la vida. ¿Cómo podemos formar familias en valores y principios para la vida y el respeto de los derechos ajenos, con este tipo de sentencias y leyes que legitiman la violencia sobre los más débiles?
Es que no se trata solamente el derecho a la vida, fundamental en cualquier sociedad y tan groseramente desconocido por la decisión de la Corte, sino que pensemos por ejemplo, en el derecho a disfrutar de un ambiente sano en los parques públicos, que está completamente quebrantado precisamente por decisiones de la misma Corte que permiten el consumo de narcóticos en esos espacios públicos que deben ser para todos y principalmente para los niños.
El asunto se salió de control y escapó a la proporcionalidad y ponderación que deben realizar los jueces, y más bien refleja una dictadura judicial en la que se ha impuesto la decisión y las conciencias de cinco magistrados sobre una inmensa mayoría que repudia el aborto, por lo menos en seres humanos completamente formados como lo es un bebé de seis meses de concebido.
Por eso acogemos en su integridad la propuesta de un referendo constitucional que ha lanzado el actual candidato presidencial conservador David Barguil. No es posible que los colombianos sigamos presa del activismo judicial, de los caprichos y las veleidades ideológicas de cinco magistrados, cuándo es el pueblo el que tiene que resolver sobre tamaño asunto. No olvidemos a fin de cuentas que nuestra Constitución Política, esa que la Corte Constitucional se precia de defender, es el producto de un pacto social al que todos los ciudadanos nos adherimos, por lo que resulta lógico que en aspectos centrales como el derecho a la vida de los niños, ese pacto social sea diseñado y aprobado directamente por el pueblo y no por cinco magistrados.
El camino para un mecanismo jurídico y político como ese referendo constitucional está plenamente allanado, porque la esencia de nuestra democracia es la de ser una democracia participativa, en la que debe ser el pueblo el primero y el único que tenga la decisión asuntos de esa significación.
¿Por qué razón, en vez de pensar en la manera de deshacernos de la vida humana tan fácilmente, mediante semejante acto de barbarie contra un bebé de seis meses de concebido, no pensamos en emplear los recursos del Estado para lo que corresponde, que es educar a sus ciudadanos en su identidad sexual, y en sus derechos sexuales y reproductivos, para la prevención de embarazos no deseados, o para la formación de individuos plenamente conscientes no solamente de sus derechos sino de sus obligaciones en lo que atañe a su paternidad y maternidad?
La Gobernación del Tolima ha venido haciendo un esfuerzo significativo para el fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, al incluir dicho rubro en el presupuesto general del Departamento, con un valor de 1030 millones para el año 2021 por ejemplo, pero al mismo tiempo, mucho queda por hacer, pues bien podría reexaminarse dicha cifra, para aumentarla en una población que el Dane proyecta para el 2023 en cerca de 260 mil niños y jóvenes.
O por ejemplo, para encontrar otras fuentes de financiación diferentes a la del sistema general de participaciones con la cual se nutre dicho rubro presupuestal, para un aumento significativo de recursos públicos departamentales dirigidos al fortalecimiento de este tema, que permita que las niñas y las mujeres reduzcan sus posibilidades de embarazos no deseados, y se eduquen en la conciencia plena de sus derechos y deberes no solamente legales, sino éticos y morales, cuando se enfrentan a una concepción y a un embarazo difícil y problemático por circunstancias apremiantes, para encontrar soluciones distintas a la de la aniquilación de su bebé.
Lamentamos con profundo dolor esta decisión de cinco magistrados de la corte constitucional, que solamente contribuye a aumentar la crisis moral de la Nación, y a fracturar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas, al ver que ellas se desprenden del anhelo popular y se apartan de los más íntimos valores de la nacionalidad, privilegiando la muerte sobre la vida.