Resulta usual que nuestra atención sobre lo público se dirija a temas de gran trascendencia mediática, relativos a la política, o a los presupuestos estatales, o a problemáticas sociales que por su carácter coyuntural llaman la atención de la opinión pública durante algunos días, para luego caer en el olvido de nuestra cotidianidad.
Por: Giovanny Molina Correcha
Pero tengo muy claro que nuestra labor como Diputado departamental abarca unas funciones constitucionales ligadas a la planeación, a la salud o al desarrollo económico y social de nuestro Departamento, que nos imponen la responsabilidad de no obviar ni dejar de lado problemáticas que, por lejanas que le parezcan a la población en la trastienda de lo habitual, resultan sustanciales para una vida comunitaria sana y pacífica, y que por su alto impacto en la vida de los ciudadanos, se convierten en un asunto de trascendencia y de urgencia pública.
Es lo que sucede con la cultura y la seguridad vial, en un país como Colombia en donde las estadísticas son aterradoras, al observar el número, los modos y las causas de siniestros viales que se presentan a nivel nacional y ciertamente a nivel local en nuestro Departamento del Tolima.
Basta con examinar las cifras para evidenciar la trascendencia del problema. Como lo muestra el último informe estadístico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en materia de fallecidos por accidentes en las carreteras nacionales, en el período comprendido entre enero y mayo de 2022, la cifra se eleva a 3.171 individuos, al tiempo que la atención médica por lesionados en los mismos eventos asciende a la cifra de 10.799, constituyéndose en un aumento del 26.94% frente al promedio de los últimos cinco años.
Y en el Departamento del Tolima la cifra es igualmente alarmante: 128 personas que han perdido su vida en siniestros viales en el mismo período, para un aumento que representa el 31.69% frente al promedio de los cinco años anteriores, siendo Ibagué la ciudad con la mayor participación dentro del total departamental, con un 28.9%, seguido de Espinal y Cajamarca.
Desde la política estatal en seguridad vial, lo que ha predominado para enfrentar este flagelo es el enfoque coercitivo, en el que la imposición de comparendos es la herramienta fundamental para morigerar las terribles estadísticas, a la espera de que los ciudadanos dejen de incurrir en infracciones de tránsito frente al temor de una multa.
Mi convicción es que ese enfoque no aporta verdadera solución al problema, y como bien lo ha observado la citada Agencia estatal, la sola imposición de comparendos y multas, aunque es inversamente proporcional a la reducción de los índices de siniestralidad, resulta poco efectiva, con un efecto muy restringido sobre el comportamiento de los infractores.
De hecho, así lo indica mi propia experiencia: en su momento, cuando me desempeñé como Secretario General de la administración “Soluciones que Transforman”, bajo el liderazgo del Gobernador de entonces y hoy Senador Oscar Barreto Quiroga, celebramos un convenio cuyo objeto fue incrementar la presencia de la Policía de Tránsito en los municipios del Departamento, para efectos de lo cual se realizó una convocatoria en la que habrían de seleccionarse ocho alcaldías.
Fue incluso difícil escoger los ocho alcaldes, pues todos los 47 del Departamento manifestaron su deseo de participar. Pero luego, a los tres meses de transcurrido el convenio, grande fue la sorpresa cuando los ocho elegidos manifestaron su prisa en retirarse del mismo, pues la aumentada presencia de la Policía significó que se incrementaran los requerimientos a la ciudadanía para que cumpliera la normativa en materia de uso del casco para motociclistas, parqueo y parrillero, entre otros.
Para sorpresa de todos, el despliegue realizado por la Policía en aquella ocasión, que al observador desprevenido no puede menos que resultarle lógico y necesario, fue rechazado por la población de aquellos municipios, que lo asimiló como una agresión o intromisión indebida de la autoridad en sus hábitos y costumbres viales.
Salvar vidas, ese fue y sigue siendo nuestro propósito, pero si la misma Agencia Nacional de Tránsito lo sugiere, y mi propia experiencia lo confirma, es claro que el enfoque coercitivo de multas y comparendos no puede de ninguna manera reemplazar la formación de una cultura ciudadana alrededor del respeto a las señales de tránsito y a los límites de velocidad, y el obedecimiento de las órdenes de la policía y de las autoridades de tránsito.
Más aún, forjar cultura ciudadana en forma efectiva implica vincular a los niños y a los jóvenes, que son quienes en cuyas mentes puede imprimirse desde su temprana edad una visión de vida distinta, alejada de la idiosincrasia fincada en la violación de la regla, y cercana al cumplimiento de la ley, incluida la ley vial, que es lo único que puede garantizarnos en carreteras y caminos el respeto de la vida ajena y la conservación de la propia.
Invertir pues en los más pequeños, en la niñez y la juventud, en su formación y capacitación, para forjar cultura ciudadana basada en el cumplimiento de las reglas y la ley, para cuidar la propia vida y la de sus familias, y respetar la del prójimo, esa debe ser siempre la dirección de las autoridades de tránsito a todo nivel, en la formulación y ejecución de políticas y programas públicos. Seguiremos vigilantes.